Opinión del lector: El silencioso maltrato de la Ley Karin

Por Sandra Leiva Poveda, Presidenta regional del Consejo Regional Los Ríos del Colegio de Periodistas de Chile

Chile promulgó la Ley Karin con la promesa de enfrentar el acoso laboral en los espacios laborales. Su origen está en un caso que terminó con la muerte de una trabajadora, luego de haber denunciado situaciones de hostigamiento en su lugar de trabajo. La ley buscaba proteger la salud mental y establecer condiciones mínimas de respeto en las relaciones laborales. Pero en su aplicación, los resultados se han desviado de esa intención inicial.
Hay funcionarios y funcionarias que denuncian maltrato y, al hacerlo, se exponen a reacciones por parte del mismo sistema que debía respaldarlos. Se activan cambios en sus funciones, se aíslan sus cargos, se bloquean las redes de apoyo en su entorno laboral y lo más grave, se instruyen sumarios que no cumplen con la normativa. El proceso que sigue a la denuncia no es de reparación, sino de desgaste.
La ley establece procedimientos, pero la ejecución de estos queda en manos de las propias autoridades involucradas o de quienes mantienen vínculos jerárquicos con ellas. No existen mecanismos que garanticen distancia entre la denuncia y quien debe investigar. Tampoco se han creado órganos externos que vigilen el proceso con autonomía. Así, la denuncia queda en un espacio frágil.
A nivel institucional, esto revela una tensión entre la norma escrita y las prácticas diarias. La estructura mantiene hábitos de silencio, obediencia a la línea jerárquica y protección de los liderazgos. La ley, entonces, no logra transformar el funcionamiento interno de las instituciones. Lo que debería ser un instrumento de justicia se convierte en un símbolo del fracaso institucional. L
La revictimización de los denunciantes es una forma de violencia estructural que atenta contra la ética pública. Mientras no se garantice una protección efectiva para quienes denuncian, la Ley Karin seguirá siendo más un gesto que una garantía. No basta con legislar: es urgente intervenir los marcos institucionales que normalizan el abuso, dotar de autonomía real a los organismos de control y, sobre todo, reconocer el valor cívico de quien se atreve a alzar la voz. Porque el silencio institucional no es neutral: es cómplice.