Empresario paillaquino se querella por estafa contra juez de Valdivia

La acción judicial fue presentada por una empresa constructora e inmobiliaria en la cual es representante legal. Detalles de la querella en la nota.

El pasado 30 de enero, el Juzgado de Garantía de Valdivia declaró admisible una demanda presentada por el delito de estafa, presentada por un conocido empresario con residencia en Paillaco.

La acción judicial, ingresada por la abogada Rocío Toro Bravo en representación de la Constructora e Inmobiliaria Los Coigües Limitada, tiene la particularidad de ser una demanda contra un juez titular del Primer Juzgado de Policía Local de Valdivia. 

La demanda tiene su origen en un negocio que el querellado habría ofrecido en el año 2021 al representante legal de Constructora Los Coigües, tal como se explica en la querella a la cual Grupo DiarioSur tuvo acceso. 

Acuerdo que no se cumplió

El acuerdo al que se llegó consistía en la entrega de una suma de dinero superior a los mil quinientos millones de pesos por parte de la empresa, ofreciendo el abogado como garantía de dicha obligación el inmueble y el terreno donde se emplaza un hotel de su propiedad, para lo cual se celebró un contrato de mutuo e hipoteca. 

“El representante legal de Los Coigües, el empresario don Antonio Molina, creyó que al ser redactadas por un abogado y juez de policía local las citadas escrituras, se encontraban conforme a derecho y el negocio por tanto no adolecía de vicio alguno ni problemas de legalidad”, se expresa en el documento. 

Sin embrago, pasado el tiempo y habiendo la Constructora Los Coihues entregado una importante suma de dinero, finalmente el abogado no habría dado cumplimiento a sus obligaciones, además de negarse a entregar el hotel y terreno ofrecidos. 

“Todas las circunstancias antes relatadas se insertan dentro de una farsa y un despliegue engañoso externo, manifestado en distintos instrumentos públicos y privados, por el querellado”, agrega el documento. 

Incluso, el juez de policía local inició acciones civiles y penales contra la empresa constructora y su representante legal: “las cuales buscan invalidar las escrituras redactadas por el mismo querellado como un mecanismo más para no cumplir con sus obligaciones”, se explica.